La falta de seguridad jurídica, el excesivo proteccionismo al arrendatario, las medidas legales últimamente adoptadas por el Gobierno, ha hecho que la vivienda destinada al alquiler de vivienda habitual haya disminuido de forma considerable.
Los propietarios (sobre todo pequeños propietarios) que mantienen sus viviendas en este tipo de mercado, toman mucha precauciones a la hora de firmar un contrato de arrendamiento de vivienda habitual.
Hace unos días me realizaron una consulta para revisar un contrato de arrendamiento para vivienda habitual, y lo más llamativo que me contó el cliente no es lo relativo al piso o al contrato, sino la dificultad para alquilar por la escasez de viviendas, el precio del alquiler y sobre todo por la selección de inquilinos que realizan los propietarios.
Este último aspecto cada vez más se tiene en consideración por el propietario, porque, que un inquilino no le pague la renta es una auténtico drama para algunos.
En este caso la persona que lo alquilaba destinaba un 65 % aproximadamente de la renta del alquiler para el pago de la hipoteca del inmueble, ya que por su trabajo tuvo que dejar esa vivienda y trasladarse a otra localidad.
Desahuciar a una persona a través del Juzgado cada vez tiene más dificultad, y luego no está garantizado que puedas cobrar la renta que te han dejado adeudada.
La falta de seguridad jurídica, el abandono que sufre el propietario por el legislador, hace que estos seleccionen inquilinos que les den garantías más que suficientes, y por tanto se excluye a muchas personas del mercado del alquiler.
El Gobierno dicta o prórroga normas que están perjudicando claramente al mercado del alquiler, y con ello agravando un gran problema que tiene gran parte de la población.
Las normas se deben de promulgar contando con todos los intervinientes en el sector, no realizarlas desde la ideología y estar encaminadas a resolver problemas, no a poner trabas y dificultades, sobre todo cuando estamos hablando de un tema tan importante como la vivienda.