LEY VIVIENDA

A VUELTAS CON LA NUEVA LEY DE VIVIENDA

MEDIDAS PROCESALES

                En relación a esta Ley se habla mucho de determinadas cuestiones en los medios de comunicación y por muchos de los actores participes del mercado inmobiliario.

                Pero hay un aspecto del que se habla poco, y que es más jurídico, y por tanto se le da menos importancia, pero que puede suponer otro gran perjuicio para los propietarios.

                Me refiero a la disposición final  quinta del proyecto de Ley que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil.

                Si ya un juicio de desahucio o de recuperación de finca o de reconocimiento del derecho real inscrito, etc  puede ser un tormento para el propietario de la vivienda, los nuevos requisitos lo agravan aún más.

                Esta disposición adicional establece entre otras medidas:

  •  Que los propietarios acrediten que no son grandes tenedores mediante una certificación del Registro de la Propiedad en la que conste la relación de propiedades a nombre de la parte actora.
  • El propietario debe de indicar si la finca constituye vivienda habitual de la persona ocupante
  • Si la parte demandante tiene la condición de gran tenedor, hay que especificar si la parte demandada se encuentra o no en situación de vulnerabilidad económica.
  • Obligatoriedad de acudir a un procedimiento de conciliación si el demandante es gran tenedor, y la demandada se encuentra en situación de vulnerabilidad económica.

Estos son a titulo de ejemplo algunas de las cuestiones que regula el proyecto de Ley, hay más modificaciones que podéis ver en el documento que os adjunto.

Si actualmente iniciar un procedimiento de desahucio es meterse en un calvario judicial para el propietario, con el proyecto de  Ley  va ser difícil para un Letrado explicarle a un propietario todo lo que hay que realizar, lo que va a tardar en recuperar su vivienda, los gastos que va a tener y todo ello en la mayoría de los casos sin cobrar la renta y con el miedo de como se va a  encontrar su vivienda.

Con las medidas actuales que hay en vigor y con las previstas con el proyecto de ley, lo que va a suceder es una reducción de la oferta de viviendas en alquiler, un aumento de precios, una mayor selección de los inquilinos y un gran perjuicio para el sector inmobiliario y legal.

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